La movilidad urbana y cotidiana

Ir y volver hacia y desde nuestro trabajo o centro de estudio es una acción que cada día repiten miles de millones de personas. Se trata de una movilidad que urge valorar y tener presente, ya que puede llegar a causar impactos muy alarmantes, afectando negativamente a la vida de las personas y al medio ambiente, debido, entre otros aspectos, a la congestión de vehículos y excesivo tráfico, al a menudo desmedido tiempo dedicado a los desplazamientos y traslados, a la contaminación que genera y los costes de transporte y combustible, a la afectación a la salud debido, entre otros, al estrés o a la inactividad física.

Estos trayectos o recorridos, de ida y vuelta entre el lugar de trabajo y de residencia, son frecuentemente conocidos como el tiempo in itinere, aplicándose el Derecho del Trabajo cuando ocurriese un accidente a la persona trabajadora y se diesen determinados requisitos. Sin embargo, en este artículo se asocian con la movilidad urbana o cotidiana, aquella que desempeña un papel fundamental en el día a día de todas las personas, y que el Informe del Parlamento Europeo sobre movilidad urbana sostenible del año 2014 ha afrontado como un derecho del/a ciudadano/a, determinando que “la movilidad no es un fin en sí mismo, sino que debería ser un derecho para todos (…) La misión de la movilidad es facilitar a todos, incluidas las personas de movilidad reducida, el acceso a los centros de enseñanza, al trabajo, a la cultura, a las actividades de ocio y a los servicios de salud (…)”.

El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que actualmente se encuentra tras su fase de presentación de enmiendas, recalca en su exposición de motivos que si bien no existe una definición única de la movilidad, sí existe consenso a nivel internacional en considerar que “(…) se centra en las personas y la satisfacción de sus necesidades de desplazamiento, mientras que el transporte, en el que se incluyen los vehículos, los servicios y las infraestructuras, es el instrumento necesario para permitir los desplazamientos necesarios para el desarrollo de la movilidad y el abastecimiento de la población. En consecuencia, (…) aparece como una necesidad vinculada al conjunto de actividades sociales como trabajar, estudiar, producir, interrelacionarse, acceder al ocio, garantizar la salud y la calidad de vida o consumir bienes o servicios.”
La mayor parte de los y las ciudadanas siguen priorizando en estos trayectos el uso del vehículo privado, como el automóvil o la motocicleta, no obstante, cada vez se usan más medios alternativos como la bicicleta o el patinete eléctrico, la bicicleta tradicional o el transporte público, el autobús y el tranvía, además de considerar ir a pie.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA), determina en la encuesta de movilidad de las personas residentes en España del periodo 2006-2007 (Movilia), que el número de desplazamientos en un día medio laborable superaba en 2007 los 123 millones, siendo la tercera parte viajes de ida y vuelta al trabajo, es decir 37 millones aproximadamente.
El dossier titulado “La movilidad al trabajo: Un reto pendiente”, publicado en 2019 por la Dirección General de Tráfico y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDIA), menciona al proyecto europeo E-Cosmos, que en el año 2010 publicó los resultados de su estudio sobre la distribución modal de los trayectos casa-trabajo en España, Italia, Alemania y Bélgica, dando lugar a un 63 % de trayectos realizado en coche con una sola persona pasajera, un 13 % en transporte público y un 20 % a pie o en bicicleta.

La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, construida bajo un diálogo abierto entre instituciones públicas, agentes sociales, sector privado y ciudadanía, puntualiza que la movilidad debe ser sostenible en tres vertientes: económica, medioambiental y socialmente. Además, observa a la seguridad como uno de los pilares esenciales sobre el que construir cualquier sistema de transporte, así como un elemento fundamental del derecho a la movilidad. Por último, alberga lo conectado con el fin de apostar por la digitalización y tratando de reducir la alta dependencia del vehículo privado.
Este último documento prioriza la movilidad cotidiana, recogiendo 40 líneas de actuación, 150 medidas y 9 ejes. Del asunto de este artículo se ocupan, especialmente, el eje 1 “Movilidad para todos” y el eje 8 “Aspectos sociales y laborales”, impulsando, como primer paso, una pirámide de movilidad urbana de viajeros, donde en los dos primeros lugares se sitúe a la movilidad activa, es decir al peatón y al uso de la bicicleta, por ser las más saludables, eficientes, económicas y sostenibles medioambientalmente. A continuación, al transporte público, siendo un modo eficiente energéticamente y asequible. En cuarto lugar, se posiciona el uso compartido del coche y moto, y en quinto y último lugar al vehículo motorizado privado de uso individual siendo el modo de transporte más ineficiente y menos sostenible. Además, se pretende reforzar la confianza por el transporte público, así como concienciar de los efectos nocivos del tráfico.
El anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible considera que “la movilidad es esencial para que las personas puedan acceder al trabajo y a los servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad, y está íntimamente vinculada a la libre circulación y a la facilidad de los desplazamientos, impactando de manera relevante en la calidad de vida de las personas”.

Este último texto, en la misma línea que los anteriores, viene a apostar por el reto de cambiar hábitos humanos, dar respuesta a las necesidades de la movilidad cotidiana, persiguiendo una mayor cohesión social y territorial, y queriendo reducir gases de efecto invernadero y otros contaminantes para la mejora de la calidad del aire.
El cambio de comportamientos es un reto crucial que los y las ciudadanas deberán asumir progresivamente en los próximos años. La sensibilización social jugará un rol fundamental para que moverse a pie o en bicicleta se priorice en distancias cortas (2km-15minutos a pie / 8-10km- 15 minutos en bicicleta) y el transporte público y colectivo o el uso eficiente del automóvil compartido como alternativa para distancias más largas.

Hoy se reivindica el desplazamiento sostenible y seguro hasta el lugar de trabajo como un derecho necesario de los/as trabajadores/as. El documento de trabajo ya mencionado “La movilidad al trabajo: Un reto pendiente”, observa que para lograr este derecho hay que superar las modelos de desarrollo de la movilidad centrados únicamente en el automóvil, pasando a tener en cuenta a “la diversidad de situaciones individuales que coexisten, con el fin de evitar situaciones de exclusión social, ya sea por cuestión de género, edad o perfil sociocultural” garantizando así a toda la población el “derecho a llegar”.

No cabe duda de que no sólo es una cuestión de intención y cambio modal de las personas ciudadanas, todos los actores deben estar implicados, donde los poderes públicos y las empresas privadas jueguen un papel especialmente activo, ya que la infraestructura, las políticas públicas, la tecnología eficiente, la promoción de los espacios destinados a peatones y ciclistas, el reparto equitativo del espacio público, la mayor responsabilidad de las empresas y las relaciones laborales, deben avanzar hacia otros modelos más equilibrados y comprometidos. Ejemplo de ello es la promoción de planes de transporte en centros de trabajo y de estudio, la grabación del precio del carburante o la generación de zonas de uso exclusivo peatonal o para el transporte público, planes y proyectos por los que cada vez se apuesta más.

Sólo con este tipo de acciones y actitudes, con una movilidad activa, pública, limpia, saludable, respetuosa con el medio ambiente, conectada y compartida, se ira transformando en la anhelada movilidad sostenible y segura para todos y todas, mejorando inmensamente el bienestar social y la calidad de vida.